Con frecuencia asimilamos que quienes vivimos en Navarra tenemos derecho a la sanidad y nos resulta sorprendente que hoy día su acceso todavía se encuentre limitado u obstaculizado para algunas personas. Así lo descubrimos en la charla que organizamos desde la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social a finales de abril, donde nos pusimos en la piel de quienes han enfrentado una pandemia sin acceso universal garantizado. ¿Cómo hemos llegado a tal situación?
En 2014 la ciudadanía sufrió un grave recorte de derechos, un fuerte retroceso en el acceso a la salud, cuando a base de decretazo dejaron fuera a casi medio millón de personas que residían en el país. Un retroceso en derechos que no hemos terminado de recuperar dado que hoy en día, queda en mano cada comunidad autónoma la concesión de esta atención a unas o a otras personas, dependiendo de una serie de criterios que las propias administraciones deciden bajo la voluntad política de turno. Por eso desde la Red vemos la necesidad de que, en la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión, que próximamente aprobará el Gobierno de España, se garantice sin comas el acceso a la salud pública. Debemos recordar, ahora que hemos superado, por fin, la pandemia, que la salud de una es la salud de todas las personas. Y que esa salud debe ser pública y de calidad para que sea universal. Esa garantía será un alivio para miles de personas que hoy en día siguen viviendo con miedo pedir una cita médica o que reciben facturas en los servicios de urgencias, cuando esta atención siempre debería ser, en cualquier caso, gratuita.
Cuando hablamos de universalidad de la sanidad no solamente estamos contemplando el acceso a esta, si no también su cobertura de calidad, y en esto todavía nos queda un largo camino por recorrer. Estamos viviendo momentos difíciles para la sanidad pública, con un desmantelamiento por falta de presupuestos, listas de esperas y copagos, que favorecen y refuerzan la privatización como viene denunciando la Plataforma Navarra de Salud y REDER.
La salud mental es un claro ejemplo de esta falta de ambición política en este sentido. Cuando en los últimos años se han hecho evidentes las graves deficiencias en la atención a la salud mental, muchas personas se han visto obligadas a resolver esta necesidad mediante la vía privada. Pero no olvidemos que quienes tienen mayores dificultades económicas no pueden hacer frente, lo cual acrecienta aun más la gravedad de su situación.
Otra de las situaciones de desigualdad que se vive es en el propio copago de tratamientos. Somos conscientes de que la adhesión a tratamientos se dificulta entre las personas en situación de exclusión social: por eso venimos defendiendo garantizar la gratuidad de los medicamentos y vacunas a las personas en situación de pobreza y/o exclusión social para fomentar su adhesión a los tratamientos. Así como la complementación de ayudas del catálogo ya previstas para ser destinadas a las personas en situación de exclusión social que tienen necesidades de salud visual, auditiva y dental no cubiertas, así como al acceso a elementos ortoprotésicos y artículos de higiene.
Por otro lado, no podemos obviar la influencia de los factores sociales en la salud de las personas. Con mayor frecuencia las personas en exclusión social sufren enfermedades graves o su bienestar se ve mermado. Existe una mayor predisposición (no genética) por las condiciones de vida a sufrir enfermedades crónicas de las vías respiratorias o diabetes, entre otras. Entre estas condiciones está el cómo se garantiza el acceso y la cobertura a la salud pública y universal de las personas en la sociedad en la que viven, y es en ese punto de encuentro, es donde somos conscientes de la situación de vulnerabilidad de muchas personas que residen en la comunidad. Por eso desde la Red hemos hecho explícita en más de una ocasión la necesidad de desarrollar espacios socio-sanitarios donde confluyan estos factores, algo que facilitaría la labor de quienes trabajan en estos ámbitos en pro de un impacto social mayor. Defendiendo protocolos y canales fluidos de información y comunicación entre profesionales del ámbito social y del sistema sanitario; mediación socio-sanitaria; formación de profesionales de la salud en el ámbito intercultural y la atención a la diversidad; y fortalecer los programas de prevención entre otras medidas.
No podemos permitirnos como sociedad que la salud se vea comprometida. Esos aplausos que se escuchaban cada tarde en los balcones durante el confinamiento no están vacíos, era el reconocimiento de miles de personas a quienes estaban trabajando por la salud de todas en la salud pública que hoy nos toca defender. Ese deseo de garantizar la salud a todas las personas que explayó la ciudadanía debe convertirse en compromiso político, y por lo tanto en realidad.