Artículo de opinión
Todavía nos encontramos haciendo balance de los estropicios provocados por la pandemia que aún colea; la infancia y la adolescencia no fueron muy consideradas durante la crisis, el sistema de atención se mostró menos robusto de lo que se esperaba, pero el esfuerzo legislativo no ha cesado.
En 2021 se han puesto en marcha la “Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia” (LOPIAV) y la nueva ley educativa (LOMLOE) con evidentes vasos comunicantes entre ellas. Son dos avances importantes que dan un marco más ancho para desarrollar nuevas políticas y nuevas prácticas que contribuyan al desarrollo de la Convención de los derechos de la infancia, aprobada en la Asamblea de Naciones Unidas en 1989. En la Comunidad Foral de Navarra, Gobierno de Navarra aprobó esta misma semana el “Proyecto de Ley Foral de atención y protección de la infancia y adolescencia y de promoción de la familia, los derechos de las y los menores y de la igualdad” después de un proceso de elaboración liderado por el Departamento de Derechos Sociales. Tras ello, el proyecto será remitido al Parlamento de Navarra para su debate y, en su caso, aprobación.
Muchas entidades hemos podido participar en los diferentes foros, pero, aun reconociendo una mayor apertura y permeabilidad por parte de la administración, lamentamos que el esquema para la nueva ley haya sido la norma anterior. La ambición del llamado “enfoque de derechos” necesitaba quizá de una mayor amplitud de miras.
Otro punto débil de este proyecto de ley es que regula de manera muy exhaustiva cuestiones relacionadas con la gestión de dispositivos y de programas especializados, y deja sin comprometer los aspectos que afectan a toda la infancia y a su promoción. Comprendemos la necesidad del sector de la protección, que atiende las situaciones más complejas, de estructurarse mejor y de clarificar las responsabilidades de cada cual, pero una ley debe sobre todo inspirar, abrir nuevos caminos, y dar un marco para desarrollar, no solo para gestionar. En ese sentido, nos parece una propuesta conservadora, aunque reconocemos muchos avances, indudablemente.
Por otro lado, consideramos que las leyes son necesarias para mejorar en este caso la atención a la infancia y adolescencia, pero no son suficientes. Son fundamentales también, las concreciones metodológicas, los programas y los recursos y la manera de conectarlos. Porque la experiencia pandémica nos ha enseñado que “en solitario no podemos”, que la infancia es una pero que a menudo la miramos de manera segmentada, a través de las gafas de cada ámbito de trabajo: la salud, la educación, los servicios sociales, la justicia, etc. La mayoría de profesionales y de estudiosos coinciden en que hay que reconectar el sistema, que hay que crear una nueva cultura de trabajo que ponga al niño o a la niña, en el centro, y en la que los diferentes actores contribuyan desde su especialidad, pero sin perder de vista el contexto. La tarea educativa, sanitaria y social con la infancia es un proceso interrelacionado en el que contribuyen muchas personas y figuras, y no es suficiente con establecer “causas y efectos”. Los oficios relacionados con la infancia, tienen más que ver con la artesanía, con procesos individualizados, que tienen en cuenta a la comunidad, que inventan soluciones y que se adaptan a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes (y que no dan prioridad a las necesidades organizativas del sistema).
Queremos destacar que el enfoque de derechos que impulsa esta nueva generación legislativa es una oportunidad para mudar el paradigma. En vez de atender a la infancia desde una lógica de carencia que hay que cubrir, o de síntoma que hay que curar, se trata de atender desde sus derechos, para promoverlos, como ciudadanos y ciudadanas de pleno ejercicio. Este giro debe contar con cambios metodológicos y con nuevas prácticas. Sobre todo, necesita que la infancia esté presente en todas las decisiones gubernativas sea cual sea el ámbito de trabajo. Es necesario que la economía, la cultura, la democracia, la redistribución de la riqueza, la seguridad, el medio ambiente y la administración se piensen desde la infancia y con la infancia. De esta forma es seguro que las políticas serán mejores para toda la sociedad.
La nueva cultura de los derechos no debe confundirnos; no se trata de que haya que sobreproteger o “malcriar” a los niños y las niñas. Se trata de que se les atienda correctamente, con afecto y buen trato, con límites y dentro de unas normas democráticas; que se les enseñe a convivir y a comprender, a construir y a desarrollar sus proyectos de vida. Ese es el reto. El proyecto foral puede servir desde luego como marco, pero será necesario que nos pongamos manos a la obra para mejorar nuestras prácticas, para aumentar los recursos, para hacerlos más eficientes, para estudiar y formarnos y para conectar todas las políticas con una mirada de infancia. Tendremos que trabajar para ofrecer más oportunidades a la infancia que sufre más desigualdad, y para construir un sistema de prevención y promoción generalista que se dirija a toda la población menor de dieciocho años. Porque no sólo nos jugamos el futuro, sino también el presente.
Comisión Permanente de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la exclusión social
