Sin padrón, sin derechos

Es paradójico que en pleno siglo XXI, no todas las personas que residen en un municipio navarro puedan tener acceso a un padrón, y que a consecuencia de ello se le cierren las puertas de una infinidad de servicios y recursos. Si bien son personas que llevan tiempo viviendo, tal vez siempre, en Navarra, no dejan de ser, al no poder demostrarlo de forma legal, personas de segunda, habitantes sin derecho. En la mayor parte de ocasiones son personas vulnerables y con más necesidades que la media, curioso cómo decía, que esta sociedad en la que vivimos, enfangada en barreras burocráticas, es capaz de dejar aún más de lado, a las personas que ya estaban viviendo en el margen.

Los motivos por los que estas personas no pueden acceder al padrón son numerosos. Hay quien no tiene una vivienda por diferentes circunstancias, y se puede encontrar en la calle (en un cajero o en una tienda de campaña o en un alojamiento temporal (albergue para personas sin hogar, centro de mujeres, centro de personas refugiadas, prisión). También quienes residen en viviendas, pero sin contrato de alquiler, en pisos compartidos ya sea con personas desconocidas o con familiares o amigos y sin poder demostrarlo.

Estas situaciones provocan que estas personas sin padrón no tengan acceso a múltiples recursos y derechos, muy variados y de diferente calado. Desde algo tan básico como poder realizar la solicitud de documentos personales (DNI, pasaporte, carnet de conducir, permiso de circulación, etc.), solicitar la Renta Garantizada y otras ayudas de Gobierno de Navarra, el acceso al Servicio Navarro de Empleo, o poder tener atención en el ambulatorio al no tener CIPNA.

También, impide el acceso a algunas ayudas de vivienda, el acceso a vivienda protegida ya sea de alquiler o compra, o a programas específicos de inclusión social, residenciales o comunidades terapéuticas subvencionadas. No pueden solicitar ayuda para la dependencia, una pensión no contributiva, ni tan siquiera el bono social de la luz. Lo cual no hace más que perpetuar la rueda de la exclusión.

Tampoco pueden desarrollar una vida personal con normalidad ya que sin este documento no se puede contraer matrimonio, ni demostrar convivencia en pareja de hecho, o formalizar la constitución de pareja estable en el Registro único de Navarra. No podrán realizar la apertura de una cuenta bancaria y tampoco comprar un automóvil. No podrán hacer la declaración de la renta u obtener el certificado negativo de la misma. Tampoco la solicitud de asistencia jurídica gratuita y como consecuencia tener un abogado o abogada de oficio.

Limita a su vez el desarrollo profesional dado que imposibilita poderse matricular en estudios oficiales y obtener becas.

Por supuesto tampoco podrán votar en las elecciones, por si por está vía pudiera cambiar algo la situación.

De un tiempo a esta parte se han movilizado mecanismos para facilitar el empadronamiento de las personas, por ejemplo, un sistema bueno y práctico, es que las personas puedan ser empadronadas en los Servicios Sociales donde son atendidos. Una buena práctica sin duda, aunque, por desgracia carente de un criterio unificado, sin tan siquiera unas directrices u orientaciones, lo que hará que dependiendo de en qué servicio social o unidad de barrio sea atendida la persona, podrá acceder al tan ansiado padrón en cuestión de unos días o tras pasar varios años, dependiendo del criterio de la persona que atiende, aunque las situaciones sean similares.  También se evitaría que algunas personas tuvieran incluso que pagar, de manera continuada a terceras personas, por poder empadronarse y hacer efectivos sus derechos. No perdamos de vista que se pueden dar de baja los empadronamientos de oficio, pero paradójicamente no se pueden dar de alta por esta vía.

Unas soluciones que no suponen grandes inversiones, si no de una voluntad política firme y que ahorrarían obstáculos para la inclusión social. Criterios claros y más vías probatorias para poder certificar que “yo vivo aquí, lo hago todos los días, déjenme tener padrón, no borren mis derechos”.

Rubén Unanua, miembro del Grupo de Trabajo de Vivienda de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.

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