“La modificación de la ley de Vivienda de Navarra, ¿supone una mejora efectiva para quienes más lo necesitan”

La nueva Proposición de Ley Foral en materia de vivienda, que acaba de iniciar el trámite parlamentario, no propone medidas que solucionen la compleja situación de las familias y personas en exclusión social.

La Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social valora que la modificación de Ley Foral de Vivienda, que actualmente está en trámite parlamentario, sigue dejando atrás a las familias en situaciones más vulnerables. En palabras de Rubén Unanua, miembro del Grupo de Trabajo de Vivienda de la Red, “desde la Red esperábamos con ilusión esta modificación, pero una vez analizada, consideramos que le falta ambición que no llega a dar una solución real para las familias que más lo necesitan. Es una modificación de Ley que se aleja de las necesidades más urgentes y muestra insuficiencias.

La vivienda ha sido y es una preocupación histórica de la Red, ya que esta es el principal bastión y medida de protección y seguridad para las personas, pero hacer frente a su pago es uno de los principales escollos para quienes sufren pobreza y/o exclusión social.  Un informe de la Red sobre vivienda reveló que más del 60% viven en régimen de alquiler libre y destinan casi la mitad de sus ingresos a estos gastos, cuando ya que suponga el 40% de los ingresos se califica de sobrecarga en el coste de la vivienda según la OCDE y la Unión Europea. Además, el informe AROPE del año pasado arrojó datos poco esperanzadores a este respecto; un 11,4 % de las personas encuestadas no pudo hacer frente al pago de gastos de vivienda y facturas a su debido tiempo, el doble que el año anterior, lo que denota la gravedad de la actual situación.

En el ordenamiento jurídico, el derecho a la vivienda se regula en primer lugar en el artículo 48º de la Carta Magna, donde de forma expresa se establece que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho…” . La Red aclara que es evidente que los datos objetivos muestran serias dificultades de una amplia parte de la población para el ejercicio de este derecho. A su vez, si bien es conocida la dificultad de los poderes públicos para promover condiciones necesarias, el momento actual, pone sobre la mesa la necesidad de implicarse y apostar por un gran pacto social que aglutine a partidos de todo el arco, tanto en el ámbito regional como en el estatal.

Desde la Red han destacado algunas de las claves por las que valoran insuficiente esta nueva Ley de Vivienda.

  • Las viviendas de alquiler en régimen de protección, no tienen una duración indefinida. La duración de su destino a alquiler se establece en un mínimo de 21 años, periodo tras el cual podrán destinarse a la venta a precio VPT (ni siquiera VPO). Por lo que, una vez superado este plazo, estas familias deberán enfrentarse nuevamente a la búsqueda de vivienda. Volveremos a encontrarnos con familias “en la calle” como los últimos años en Rochapea, Berriozar, Sarriguren, San Jorge y Bustintxuri, entre otras. Ven que esta fórmula que favorece sobre todo a las constructoras que se benefician, al comienzo, de la inversión pública para la construcción de esas viviendas. Durante el transcurso de las rentas que abonan las familias durante 21 años, y una vez descalificadas de su venta. Por todo esto, desde la Red exigen, si no existe una calificación indefinida que como mínimo, un aumento del tiempo mínimo al que quedan afectas al alquiler; y que realice una planificación desde Gobierno de Navarra para crear un parque de vivienda público que permita mantener o reubicar a estas personas. Bien sea incrementando la capacidad de construcción a través de Nasuvinsa, bien sea, a través de la dotación presupuestaria para el ejercicio del derecho de retracto y tanteo por parte de Gobierno de Navarra de dichas viviendas.

  • La creación del Índice de Sostenibilidad de Alquileres (ISA) supone un paso adelante para la moderación de los precios en el mercado libre. Este índice calculará el precio máximo asequible de alquiler en una zona y con unas características concretas. Pero solamente será efectivo si se determina su valor anualmente; para lo desde la Red proponen que el Departamento de Vivienda publique su valor mediante Orden Foral. Además, el grado de impacto que el ISA podrá tener dependerá de la combinación de políticas fiscales, por ello también solicitan que se modifique la Ley de Hacienda Foral para el establecimiento de desgravaciones y gravámenes.   

  • También demandan una reordenación de la puntuación por necesidad acreditada de vivienda ya que minusvalora las situaciones más complejas en las que se acumulan varias circunstancias de exclusión social.

  • Otro punto que destacan es la posibilidad de que aquellas personas que necesiten realizar una rehabilitación en su vivienda, y se encuentren en una situación vulnerable económicamente, cuenten con mecanismos para que no tengan que verse obligadas a adelantar ese coste que supondría la obra.

  • Esta modificación de Ley tampoco incorpora herramientas para garantizar el empadronamiento de personas, pese a ser una reclamación histórica de la Red, imposibilitando su acceso a múltiples prestaciones y servicios en Navarra.
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