Estas últimas semanas la problemática de la vivienda ha sido portada varios días, ya sea por boca del Ayuntamiento de Pamplona o por la entrada de un fondo buitre en viviendas de alquiler social. Hechos que resaltan el grave problema de vivienda que afecta a muchas personas, especialmente en Pamplona.

El Ayuntamiento de Pamplona declaraba públicamente que las 43 familias que están ocupando irregularmente alguno de los pisos municipales que están inutilizados son “familias conflictivas, que generan inseguridad, conductas incívicas, trapicheo de droga, amenazas, suciedad o rotura de las instalaciones.” Es un discurso que puede resultar peligroso en cuanto que puede promover la aporofobia, generalizando, sin analizar las circunstancias particulares de cada familia y persona, criminalizándolas y culpabilizándolas de un problema que es estructural, cuya solución pasa por un cambio de paradigma y de modelo de gestión social y económica.

Desde la RED desconocemos las situaciones particulares de todas estas personas, pero sí podemos afirmar que muchas de ellas se encuentran en situación de emergencia habitacional, hecho que el Ayuntamiento de Pamplona obvia, formulando una acusación contra estas personas, que resulta especialmente grave por su situación de vulnerabilidad. Son personas que ven sistemáticamente quebrantado su derecho a la vivienda, estas familias no son las responsables de la situación, sino las víctimas de la misma.

Al leer estas noticias hemos pensado inmediatamente en algunas de las familias y personas con las que trabajamos y que se encuentran en esta situación. Se trata de familias con menores; que llevan años esperando una vivienda de alquiler subvencionado que nunca llega; que se encuentran apuntadas en todas las listas, promotoras y programas existentes, que ven como las inmobiliarias les rechazan sistemáticamente por motivos socio-económicos, racistas y/o aporófobos; personas solas a las que se les hace imposible pagar los elevados precios; que luchan diariamente por mejorar su situación, y ahora, además y por si lo anterior no fuera suficiente, sufren acusaciones que no favorecen la convivencia.

Las Administraciones Públicas, tanto el propio Ayuntamiento como Gobierno de Navarra, deberían trabajar para ofrecer alternativas habitacionales a estas personas para favorecer su inclusión en vez de detenerlas y atosigarlas con demandas y lanzamientos. Desde la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social creemos que las soluciones a este problema vendrán de la suma de varios factores, entre los que destacan la puesta en marcha de un plan para rehabilitar y poner a disposición de la ciudadanía inmediatamente las 102 viviendas que se encuentran actualmente sin uso y sin condiciones de habitabilidad, la planificación de una política municipal y autonómica de vivienda a medio y largo plazo, y no con soluciones “parche” a un problema tan complejo. Además, se debe favorecer una mayor coordinación con entre Gobierno de Navarra, ayuntamientos y otros agentes sociales, para propiciar unos precios razonables en los alquileres libres y destinar suelo público a la construcción de vivienda pública. Todas estas acciones son necesarias para lograr que la vivienda sea considerada y gestionada como lo que es, un derecho fundamental, y no uno que se quede en papel mojado, tal y como sucede ahora para estas 43 familias y para las personas afectadas por la compra de los inmuebles por un fondo buitre, y para muchas otras, que actualmente no lo pueden ejercer.

Por todo ello, pedimos tanto a la Dirección General de Vivienda de Gobierno de Navarra como al Ayuntamiento de Pamplona que trabaje por una política pública de vivienda que garantice el derecho a todas las personas y que aporte medidas para favorecer la convivencia.

 

Comisión permanente de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social:

Alberto Urteaga, Amaia Leranoz, Gara González, Lydia Almirantearena, Inés García, Jesús García, Verónica Oliver y Elena Vizcay.